ACCESO, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA SALUD MENTAL

Imagen: https://direcciondeestudios.pjud.cl/corte-suprema-despacha-tercer-informe-sobre-el-proyecto-de-ley-del-reconocimiento-y-proteccion-de-los-derechos-de-las-personas-en-la-atencion-de-salud-mental Una deuda pendiente.

En México, una de cada cuatro personas enfrentará en algún momento de su vida un trastorno de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, trastornos bipolares, entre otros.

Sin embargo, sólo el 30% de quienes requieren tratamiento en realidad acceden a servicios adecuados y continuos. Las estadísticas recientes revelan un aumento preocupante en las tasas de suicidio, sobre todo en jóvenes, así como un incremento en los casos no atendidos que terminan en crisis agudas.

Las limitaciones en infraestructura hospitalaria, la escasez de especialistas en salud mental y el bajo presupuesto, son obstáculos que impiden una atención digna y efectiva.

En escenarios de catástrofes y emergencias, estas deficiencias se vuelven aún más visibles y peligrosas, evidenciando la urgencia de construir un sistema de atención resiliente y accesible para todos.

Más allá de la atención clínica, existen grandes vacíos en la defensa de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, quienes a menudo son víctimas de discriminación, violaciones a su dignidad y exclusión social.

La falta de un acompañamiento jurídico efectivo los expone a abusos laborales, sociales y legales, especialmente en contextos de crisis donde sus vulnerabilidades se agravan.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización de Pacientes Común Ati hace un llamado a México, para atender una crisis silenciosa que afecta a millones de personas: la salud mental.

Bajo el lema “Acceso a servicios: Salud mental en catástrofes y emergencias”, este año la conmemoración enfatiza la necesidad de garantizar atención oportuna y eficaz a quienes viven con trastornos mentales, especialmente en escenarios de crisis como desastres naturales, emergencias sanitarias y contextos de violencia social.

La directora y Fundadora de Común Ati, Ma. del Carmen Rigal, enfatiza que, la defensa jurídica es una pieza clave para empoderar a estos pacientes, y garantizar que sus derechos sean respetados, promoviendo su inclusión plena y evitando que sean doblemente afectados, primero por la enfermedad y luego por la injusticia y la discriminación.

Hoy en día es imperante reconocer que todas las personas, sin excepción, tienen derecho a decidir y a ser escuchadas. Durante muchos años, las familias y las propias personas con discapacidad mental tuvieron que enfrentarse a la dura realidad de ser silenciadas, por una ley que les arrebataba su capacidad jurídica.

Exhorta a las autoridades federales, estatales y locales a destinar recursos adecuados, para la creación y fortalecimiento de programas integrales que incluyan atención médica especializada, y apoyo jurídico para personas y familias afectadas. Estos programas deben concebirse desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y dignidad, con atención especial durante emergencias y catástrofes.