RIESGOS EN LA NUEVA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Imagen: https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-modelo-economia-circular-que-demuestra-como-minimizan-valoran-residuos_227781122.htm Una simulación, para que los actores con intereses económicos continúen con sus prácticas contaminantes.

Fuente: Greenpeace México

Organizaciones expresamos una profunda preocupación ante una nueva iniciativa de Ley General de Economía Circular, ahora presentada en la Cámara de Diputados por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, misma que fue elaborada por SEMARNAT, acompañada por el sector privado.

Aunque se presenta como un instrumento para la protección ambiental, el documento está diseñado principalmente bajo criterios económicos y extractivos, que dejan en segundo plano la salvaguarda del ambiente, la salud y los derechos de las personas.

Este enfoque es incompatible con las necesidades actuales del país y con el estándar de ambición que México ha defendido en espacios internacionales, ya que esta iniciativa integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y encabezada por la secretaria Alicia Bárcena, carece del nivel de compromiso reflejado en su discurso durante la COP30.

La iniciativa presentada es una simulación que bajo el disfraz de la economía circular deja una carta abierta para que los actores con intereses económicos continúen con sus prácticas contaminantes. No protege la salud ambiental de manera efectiva. Al no incluir indicadores sanitarios; verdaderos esquemas de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, ni la coordinación con el sector salud.

Además, al establecer esquemas voluntarios y distintivos artificiales para la industria, deja desprotegida a toda la población y a los ecosistemas frente a los riesgos derivados de la contaminación producida en todo el ciclo de vida de los productos, agregó Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica México.

Pedimos urgentemente una revisión profunda del documento antes de su avance legislativo, garantizando que la sociedad civil organizada, libre de conflictos de interés, y las comunidades sean incorporadas como actores centrales en el proceso.

Esta nueva iniciativa de Ley apuesta por la termovalorización de los residuos, es decir la quema de los mismos, sin priorizar la prevención de su generación, lo cual es contrario al principio básico de la economía circular, ya que el mejor residuo es el que no se genera. Aunque incluye la figura de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles, lo que podría traducirse en un mecanismo discrecional que permita a la industria posponer la asunción real de sus responsabilidades.

A esto se suma que la Secretaría de Economía tendrá injerencia prioritaria en la aprobación de estos acuerdos, reforzando un sesgo económico por encima del ambiental y de salud. Al mismo tiempo, las empresas podrán recurrir a compensaciones ambientales basadas en falsas soluciones con instrumentos financieros como bonos verdes o créditos de carbono, y hasta preferencia en la contratación pública.

Además, la ley sustituye acciones reales de reducción y prevención, mientras normaliza prácticas como la termovalorización al considerarla un indicador de circularidad.

Sin embargo, este proceso requiere una tecnología de alto costo y realiza una quema de los residuos en parte de su proceso, de modo que genera emisiones altamente contaminantes. Otro aspecto preocupante es que la propuesta se centra en el aprovechamiento post-consumo de materiales sin incluir medidas realmente transformadoras y efectivas, para el rediseño de productos, la durabilidad, la reparación y la reutilización.

La ausencia de estos elementos permite que la industria mantenga su modelo de producción lineal, de promoción del consumo masivo, así como el mantenimiento de la obsolescencia programada.

Además, la definición de REP omite los impactos sociales y de salud asociados al ciclo de vida de los productos, dejando fuera un componente fundamental para la protección de las comunidades y del bienestar público.

Esta iniciativa niega al consumidor la información necesaria para ejercer su derecho a un consumo más responsable, a través de la elección de productos duraderos, reparables, sin generar desechos que impacten al medio ambiente. De esta manera, no hay incentivos en el mercado y permanece una política que favorece una forma de producción con profundas externalidades ambientales y sociales que pagamos todos, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

La iniciativa modifica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos bajo el argumento de “armonización legislativa”, pero en realidad debilita la legislación actual al contradecir el principio de prevención e introducir principios de termovalorización, que favorecen prácticas contaminantes, y perpetúan el daño a la salud, a la comunidad y territorios profundamente afectados por este tipo de prácticas.

El proceso de elaboración de la iniciativa se desarrolló durante meses con la participación del sector empresarial excluyendo a la sociedad civil, lo cual violenta la obligación de la participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú.

Adicionalmente, la Ley General de Economía Circular incumple obligaciones judiciales, como el amparo ganado por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura; en el que se reconoce la omisión legislativa del Congreso de la Unión para que se prohíba la venta, distribución y consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional, estableciendo la obligación constitucional e internacional de legislar en favor del derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud.

La iniciativa presentada no solo carece de esta obligación si no que promueve la generación de este tipo de plásticos. México tiene la oportunidad de construir una legislación que priorice la salud y el ambiente, en la que se reduzcan emisiones, se atienda el grave problema de la contaminación química, minimice residuos, proteja a las personas y conserve los ecosistemas.

En su forma actual, la iniciativa representa un retroceso ambiental y social. Por ello, hacemos un llamado urgente a SEMARNAT y legisladores a corregir el rumbo, abrir el proceso a la ciudadanía y no avanzar con esta ley que no responde a la magnitud del desafío socioambiental que enfrenta el país, declaró Viridiana Lázaro de Greenpeace México.

La nueva iniciativa que busca tropicalizar el concepto de economía circular, solo gestiona los residuos sin evitar su producción. Esto sin importar que las prácticas ahí plasmadas expongan la salud y el ambiente de los mexicanos.

Las y los legisladores que se dicen preocupados por el pueblo deben demostrarlo, y rechazar esta iniciativa promovida desde las oficinas de la Semarnat, señaló José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C. “Durante este año, no hemos visto ninguna iniciativa que pretenda poner fin al problema real, que es evitar la producción; está iniciativa escrita por SEMARNAT, empresas e industrias, no es la excepción.

No hay una intención real para legislar por la prohibición de plásticos de un solo uso, una legislación para regular las sustancias químicas peligrosas y sobre todo, acciones para prevenir la exposición a sustancias y este tipo de materiales nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

Es lamentable que la Secretaría encargada de velar por el medio ambiente y la salud presente proyectos de ley que perpetúan el daño, comentó Claudia Romero de Fronteras Comunes. Esperamos que el Congreso rechace esta iniciativa de economía circular, ya que no cambia los principios de valorización de los residuos y la responsabilidad compartida, así como no incluye ningún elemento de protección a la salud ambiental.

Denunciamos las acciones de Alicia Bárcena al frente de la Semarnat por haber elaborado esta iniciativa para la protección a la industria, con quien sí se reúne como lo muestra en su post en X del 20 de noviembre donde agradece a Ricardo Monreal por ser su interlocutor para presentar esa iniciativa, a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por su respaldo.

La secretaria Bárcena también menciona a la sociedad civil, pero desconocemos a qué o quiénes se refiere, ya que desde un inicio las organizaciones aquí firmantes hemos señalado nuestra preocupación y rechazo, comentó Marisa Jacott de Fronteras Comunes.