ARRIESGADO COMBATIR LA CORRUPCIÓN POR DECRETO PRESIDENCIAL

Va creando mantos de opacidad.

La actual administración combate a la corrupción pero con poca transparencia.

Fuente: Ibero

Aunque las medidas tomadas en contra del ‘huachicoleo’ muestran la voluntad política del gobierno federal de enfrentar la corrupción, se corre el riesgo de que el combate a la corrupción se cumpla por decreto de una decisión presidencial, y no se logre avanzar en la construcción de una agenda común que involucre a los gobiernos, ciudadanos y medios de comunicación, consideró el Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México.

Es importante que un gobierno decida combatir la corrupción; lo que se ha visto en la presente administración, pero con poca transparencia. “Nos dicen, vamos a procesar a gente, pero no nos dicen sus nombres; nos dicen que va a haber sanciones, pero tampoco nos dicen de qué tipo o por qué se va a sancionar; y se hace una licitación para adquirir pipas de gasolina, pero no nos dicen la manera en que se contrató”. Mantener en reserva los nombres de personas vinculadas a actos de corrupción es una práctica poco transparente, que va creando mantos de opacidad.

Ciertamente es muy cómodo argumentar que se está protegiendo la presunción de inocencia y la privacidad, pero en casos como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) es inadmisible ese argumento; porque si hay elementos suficientes para abrirle un proceso penal o administrativo a alguien, es necesario que la sociedad sepa quiénes son esas personas, porque la misma comunidad puede aportar elementos valiosos para sancionarlos o eximirlos de toda responsabilidad.

Sobre cómo saber si quienes dice el gobierno son efectivamente los responsables, sostiene que la sociedad puede verificar eso si los ciudadanos acompañan al gobierno en los procesos contra la corrupción, lo que ayudaría a que no se fabriquen culpables. Por ejemplo, en días recientes Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad lograron demostrar a la presente administración que había funcionarios de Pemex, con nombre y apellidos, que estaban vinculados con acciones relacionadas con la Estafa Maestra. El gobierno investigó y terminó por destituirlos de sus cargos. Un caso que “me da esperanza de que puede darse este mecanismo de participación ciudadana y de gobierno, si se sabe plantear y si se sabe exigir”.

Sin embargo, en el reciente índice de Corrupción Mundial, elaborado por Transparencia Internacional, México pasó del lugar 135 al 138 (de 180 países), lo que demuestra que los mecanismos contra la corrupción que se diseñaron durante el sexenio de Peña Nieto, todavía no están funcionando o de plano no funcionaron; un problema que podría deberse a que nunca se nombraron al fiscal anticorrupción y a los magistrados especializados.

“Por qué fue esto: ¿por falta de voluntad política?, ¿porque a los propios partidos políticos no les interesa?, ¿porque no ha habido ciudadanos que lo exijan?; me parece que, aunque ha habido organizaciones que lo han exigido de manera contundente, no hemos sido capaces de transmitir esa molestia ciudadana, porque hoy por hoy con la nueva administración siguen sin ser nombrados el fiscal anticorrupción, el fiscal de derechos humanos y el fiscal electoral”.

Asimismo, ha faltado un acompañamiento a los ciudadanos para ayudarlos a presentar denuncias, a quejarse y a exigir rendición de cuentas.