DEMANDA CAMBIO EN PRÁCTICAS PROCESALES PARA LAS PERSONAS INDÍGENAS EN PRISIÓN

Las comunidades indígenas tienen que aplicar sus propios sistemas legales.

El acceso a la justicia para pueblos indígenas enfrenta uso dominante del español.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó un cambio en muchas de las prácticas procesales vigentes, para que el reconocimiento jurídico de los derechos procesales de las personas indígenas en prisión, señalados en el artículo 2° Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, tenga correspondencia con el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales justos, equitativos, apegados a derecho y que reflejen la diversidad cultural y jurídica de nuestro país.

Hay personas indígenas privadas de la libertad por falta de un debido proceso, ya sea por carecer de defensa adecuada o de intérpretes. Además, las comunidades indígenas tienen que aplicar sus propios sistemas legales como parte de su derecho a la libre determinación, lo que debe reflejarse en la práctica y no solo en reconocimiento del pluriculturalismo de la nación.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la inauguración del Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, en que se pronunció por eliminar prácticas discriminatorias, sensibilizar y profesionalizar a los operadores del sistema judicial –defensores de oficio, peritos culturales, intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas—, evitar subutilización de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia indígena en estrategias de defensa y aprovechar los recursos tecnológicos. En la realidad, el acceso a la justicia para los pueblos indígenas presenta barreras como uso dominante del idioma español, otorgar mayor valor a lo escrito que a la palabra, trato discriminatorio, formalismo excesivo en tribunales, exceso de judicialización de conflictos y pobre cobertura territorial, entre otros.

En el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que 25 millones de mexicanas y mexicanos se autoadscriben como indígenas, lo cual es un acto voluntario de personas o comunidades, ya que se trata de una manifestación de identidad y expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento. Destacó, como manifestación de ese enfoque transformador, el diseño de un “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, para guiar a los operadores de justicia conforme a las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado en la materia.

Al destacar que hay temas pendientes para avanzar en el respeto a los pueblos y comunidades indígenas, Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que esa institución trabaja en un nuevo plan de estudios que contemple una asignatura en derecho indígena, la conformación de una especialidad en esa materia e incluir como requisito para los alumnos el dominio de una lengua indígena, con el propósito de que posteriormente puedan trabajar en la atención a este sector de la sociedad en los órganos de procuración de justicia.

El ex Ombudsperson Jorge Madrazo Cuéllar, Coordinador del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM en Seattle, señaló que preocupa que los estudiantes de derecho no escriban y reflexionen sobre un tema sensible del derecho mexicano que es el derecho indígena, ya que desde la reforma del 2001 al artículo 2 de la Constitución mexicana no se ha prestado la suficiente atención en garantizar los derechos de pueblos y comunidades indígenas.