EXPERTOS INSTAN A LA RATIFICACIÓN DE UN HISTÓRICO TRATADO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
14 septiembre, 2018
El tratado es el primero de su tipo en el mundo.
El acuerdo regional está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.
Fuente: ONU
GINEBRA, 13 de septiembre.-Expertos en derechos humanos de la ONU celebran la adopción del histórico acuerdo de Escazú, y ahora instan a los Estados en América Latina y el Caribe a firmar y ratificar, a la mayor brevedad posible, un tratado ambiental pionero para la región.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y se estará abierto a la firma a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
El tratado, es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, fue negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), señalaron los 27 expertos en una declaración conjunta.
El Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, subrayó especialmente el artículo 1 del tratado, que reconoce el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, señaló: “este acuerdo es un importante paso adelante en la protección y salvaguardia de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Los expertos de la ONU también saludaron las disposiciones en el tratado que buscan garantizar el acceso a la información y a la justicia, en los distintos idiomas utilizados en cada uno de los países, y fomentar la cooperación y participación pública. “En conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el acuerdo regional establece importantes estándares que serán fundamentales a la hora de enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tales como el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos naturales”.
“Este enfoque permitiría que cualquier persona (particularmente aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas de edad) tenga acceso a información oportuna y fidedigna, y así puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, y acceder a procedimientos de resarcimiento de daños y los recursos pertinentes cuando sus derechos sean vulnerados”.
En seguimiento al acuerdo, los Estados deben asegurar también que las actividades empresariales y las inversiones no ocurran a expensas de impactos adversos en términos medioambientales y de derechos humanos.
En la implementación del acuerdo, los Estados deben tomar en consideración los diversos y desproporcionados impactos ambientales en las mujeres y niñas, y los desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, asegurando que todas las acciones incorporen una perspectiva de género.
El acuerdo regional está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.
