MÉXICO REBASÓ MÁS DE DIEZ VECES EL LÍMITE PERMISIBLE DE MORTANDAD DE TORTUGAS, EL 2020 EN BCS

El gobierno de México niega los hechos bajo escrutinio del T-MEC

Fuente: CEMDA

México está rebasando por mucho el límite permisible para mortandad de tortugas caguama (Caretta Caretta) en el Golfo de Ulloa (Baja California Sur), al alcanzar en 2020 la cifra de mil 88 ejemplares, denunciaron las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Centro para la Diversidad Biológica. La suma total de tortugas muertas en esta región en los últimos cuatro años es de mil 977, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte (POEM), decretado el 9 de agosto de 2018, establece que “durante el periodo de máxima agregación (mayo-agosto), la captura incidental total de tortuga amarilla en el polígono de la Zona de refugio pesquero, y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur, no podrá sobrepasar los noventa individuos”.

Los datos oficiales de la Profepa y de la Conanp, corresponden solo a los ejemplares que se encuentran varados en Golfo de Ulloa e Isla Magdalena, que es parte de la Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico. Sin embargo, hay otros tantos que son llevados por las corrientes y en consecuencia no se registran, por lo que la cifra real de tortugas muertas es mucho mayor.

Ante ello, el CEMDA y el Centro presentaron en diciembre pasado una petición bajo las nuevas reglas del T-MEC, ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), en la cual se señala el incumplimiento de la legislación ambiental para la conservación de la especie. El gobierno mexicano ya emitió su respuesta negando que las tortugas mueran debido a la pesca. “Cuando se creía que era un tema superado, el gobierno de México vuelve a negar que las tortugas mueran en redes de pesca, negando evidencia científica” dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro. “Y peor aún ya que el gobierno dejó sin presupuesto al plan de conservación de tortuga caguama desde el 2016”.

La tortuga caguama nace en Japón y viaja a las costas de Baja California Sur para alimentarse y reproducirse, es una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción, protegida por normas nacionales e internacionales. Según la evidencia científica, la principal causa de mortandad de tortugas caguama es debido a la interacción con redes de pesca. A pesar de toda esta evidencia, pareciera que el gobierno mexicano no ha dado con la solución para esta gran mortandad que lleva más de 10 años.

Es alarmante que el número de tortugas caguama muertas en aguas mexicanas no disminuya, incluso existiendo planes, programas y zonas para su protección. Esto deja claro que las acciones de conservación no son eficientes o no son aplicadas como debe ser. Las autoridades mexicanas deben atender este asunto antes de que el problema escale y se afecten a las comunidades pesqueras de esta región, señaló Mario Sánchez, director de la región Noroeste del CEMDA.

La mortalidad en el Gofo de Ulloa de organismos marinos no es nueva, en 2019, además de las 331 tortugas caguama, se encontraron muertos 10 delfines, 15 lobos marinos, 131 tortugas prieta y 18 tortugas golfina y 6 ballenas; y en 2018, 459 tortugas caguama y 97 tortugas prieta. Lo anterior se suma a los 137 lobos marinos muertos en la misma playa en 2020. Con esto se pone evidencia la crítica situación que enfrentan las especies marinas en esta zona.

Tomando en consideración el notable aumento en el número de tortugas caguama que mueren en el Golfo de Ulloa, BCS, hacemos un respetuoso llamado al Secretariado de la CCA a que recomiende al Consejo la elaboración de un expediente de hechos, en relación a la petición presentada el año pasado por el CEMDA y el Centro. Igualmente hacemos un enérgico llamado al gobierno de México para que en el tema que nos ocupa se dé un cumplimiento efectivo de la legislación ambiental aplicable.