ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS AUTÓNOMOS

Las recientes reformas constitucionales, no representan solución a la inseguridad y violencia en el país.

Y real contrapeso ante las autoridades.

Fuente: CNDH 

Los 33 Ombudsperson del país, agrupados en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), subrayan la necesidad que tiene el Estado democrático de Derecho de contar con instancias de protección de los derechos humanos autónomas del ejercicio del poder público, y expresan su preocupación por las propuestas que afectan presupuestalmente sus funciones y aquellas que desconocen sus características, y pretenden debilitar el contrapeso que tienen frente a las autoridades. El Sistema no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos –afirman— no debe revertirse, sino fortalecerse como garantía constitucional de la sociedad para hacer respetar sus derechos fundamentales, en consonancia con el principio de progresividad, lo que permitirá continuar y ampliar el estudio, la enseñanza y divulgación de los mismos.

Para ello, es necesario garantizar y fortalecer legal y constitucionalmente la autonomía de los treinta y tres organismos públicos de derechos humanos, y permitirles desarrollar sus tareas con la más amplia libertad y apego a sus características esenciales. En tal sentido, los Ombudsperson del país, “de la mano con la autonomía constitucional”, llaman a los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de los niveles federal, estatal y municipal, a proveer lo necesario para garantizar que las personas defensoras públicas de los derechos humanos cuenten con condiciones de seguridad y libertad para desarrollar sus tareas, y cuando sean intimidadas, amenazadas y agredidas en el ejercicio de sus funciones, se generen los mecanismos necesarios para su protección y el restablecimiento de la normalidad en el desempeño de sus tareas.

Al dar a conocer la Declaración de Zacatecas, resultado del L Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH, puntualizaron que las recientes reformas constitucionales –que replantearon la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva—, no representan por sí mismas la solución a los problemas de inseguridad y violencia en el país, ya que introdujeron más elementos que contrarían el alcance del respeto a los derechos humanos como mandato del Estado, entre otros a la presunción de inocencia. Además, enfatizaron que la discusión de las leyes secundarias deberá abrirse a todos los posibles interesados, particularmente a quienes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, para que contribuyan, mediante un amplio ejercicio deliberativo, en la aprobación de las mismas, buscando que los derechos fundamentales no se limiten más, y también deberán acotar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a los límites establecidos en la Constitución.

Tras mencionar que ambas reformas debieron plantearse desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, enfoque que no se privilegió en la discusión legislativa, señalan que el respeto a los derechos humanos y la libre participación de las organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos, instituciones públicas y ciudadanos permiten legitimar las acciones y medidas gubernamentales. Reprobaron cualquier tipo de discriminación, violencia de género, actitudes y conductas xenófobas y racistas que lastimen el desarrollo personal, físico, emocional, profesional y familiar de los grupos vulnerables de la sociedad, y consideran necesaria la creación de políticas públicas basadas en las necesidades de la sociedad, que permitan la participación de aliados estratégicos para propiciar las condiciones adecuadas para los grupos más vulnerables.