PERSISISTENCIA DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICA EN EL PAÍS

Ruta crítica para combatir la discriminación.

Demanda política pública integral para garantizar los derechos de las personas indígenas.

Fuente: CNDH 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la discriminación étnica persiste en el comportamiento de las personas del servicio público y en la cultura de la sociedad mexicana; a pesar de que las personas indígenas tienen los mismos derechos que las demás, no participan de los mismos beneficios del desarrollo económico y social, y en sus lugares de origen con frecuencia se refleja la insuficiencia de fondos o inversiones para el crecimiento económico, falta de recursos para servicios sociales y culturales y existencia de prioridades nacionales diferentes al desarrollo indígena. Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al impartir la conferencia “Discriminación Étnica en el México Moderno”, en la cual destacó que para combatir el estigma de la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, no solo se requiere de la intervención de la CNDH, sino del CONAPRED, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de diversas áreas del Gobierno federal y de los tres niveles de gobierno.

Al hablar en el Gran Museo del Mundo Maya, en el marco del XXV Aniversario del Congreso de Ciencias Jurídicas y Sociales organizado por la Universidad Anáhuac Mayab, enfatizó la necesidad de trazar una ruta crítica para combatir la discriminación hacia personas indígenas, mediante una política pública integral que garantice sus derechos individuales y colectivos, para lo cual debe combatirse la exclusión y vulnerabilidad histórica y estructural que han padecido por siglos.

También, se requiere garantizar el respeto a sus usos y costumbres y su compatibilidad con los derechos humanos, particularmente de las mujeres indígenas, propiciando su empoderamiento al interior de sus comunidades, aunque en materia de igualdad y no discriminación los usos y costumbres indígenas no deben ser excusa para intensificar la opresión de aquellos miembros tradicionalmente excluidos; por ejemplo, las costumbres culturales no pueden justificar prácticas como la violencia contra las mujeres, señalando el pluralismo jurídico para legitimarlas. Respecto del ejercicio de los derechos individuales de los pueblos indígenas, se requiere de acceso a la salud integral, a la justicia desde una perspectiva intercultural y al debido proceso, y a la protección de niñas y niños. Lo anterior –sostuvo- va en sintonía con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad, discriminación, injusticia y asegurar la sostenibilidad medioambiental del planeta.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015, revelaron alrededor de 25.7 millones de personas (21.5% de la población total) se autorreconocieron como parte de alguno de los 68 pueblos indígenas del país; cifras del CONEVAL 2016 indican que en el periodo 2014 y 2016 los indígenas eran 34% y 36%, respectivamente, más pobres que otros grupos de la población. Durante el 2017, la CNDH registró un incremento notable en la presentación de quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas relacionadas con instancias de salud, seguridad pública, educación y desarrollo social.