PRINCIPALES DINÁMICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DE LOS ESTADOS CON PROBLEMÁTICA PENITENCIARIA

Dos aspectos fueron el motivo de análisis en el estudio.

Las 12 entidades con menor calificación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizó las condiciones económicas, sociales y políticas de las 12 entidades federativas que observaron un sistema carcelario vulnerable, ya que han presentado problemas de autogobierno, sobrepoblación y actividades ilícitas como cobros y extorsiones.

Los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas representan un microcosmos en el cual se reflejan diversos problemas en materia social, económica, política e institucional, entre ellas las relacionadas con la COHESIÓN SOCIAL, entendida ésta como la posibilidad de convivir en un entorno armonioso y con acceso a oportunidades, así como las CAPACIDADES ESTATALES existentes para garantizar seguridad, desarrollo de políticas públicas, entrega de bienes y servicios públicos, entre otros. Estos dos aspectos fueron el motivo de análisis en el estudio. Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH presentó ayer los resultados “Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria”, realizado con el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geo Espacial (Centro Geo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Se muestran las condiciones de los Estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria de 2013 a 2017, y las cifras del último año en cuanto a su población, observando que en conjunto albergaban a 38,827 internos, lo que representaba el 24% de la población total en los centros locales. En estas entidades se detectó en su sistema penitenciario condiciones de autogobierno, existencia de conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común. Es necesario contar con infraestructura adecuada y personal capacitado y certificado, conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Pública, conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela. De acuerdo al documento realizado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la CNDH y el Centro Geo en junio del año 2018, y partiendo de los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que anualmente elabora la CNDH, se han visibilizado deficiencias importantes en los últimos años en este tema.

COHESIÓN SOCIAL conforme a los 4 índices que miden sus dimensiones, se observó que existen dos grupos:

 En el primero se encuentran 11 entidades que califican por abajo del promedio nacional: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, observando que 7 de ellas han resultado con calificaciones reprobatorias en los DNSP; otras 3: México, Puebla y Veracruz, se consideran en riesgo de reprobar, mientras que Michoacán es el contraejemplo de una entidad que cuenta con un sistema penitenciario con desempeño robusto a pesar de que sus condiciones de COHESIÓN SOCIAL son relativamente adversas. En estas entidades la evolución del desempeño de su sistema penitenciario podría beneficiarse de programas inclusivos de desarrollo económico y social, o sea también de prevención del delito.

 En el segundo se encuentran las entidades con índices de COHESIÓN SOCIAL superiores al promedio: Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, todas ellas con una evaluación reprobada en desempeño de sus prisiones, mismos que pueden encontrar en las CAPACIDADES ESTATALES algún referente para buscar políticas de mejora.

CAPACIDADES ESTATALES se incluyen condiciones de seguridad, índices de confianza en el Estado de Derecho, problemas de impartición de justicia y percepción de corrupción, todo ello desarrollado en el documento presentado, en donde por ejemplo se observó, entre otros datos lo siguiente:

• Entidades altamente inseguras: Guerrero, México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
• Entidades inseguras: Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas.
• Entidades con seguridad intermedia: Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa.

Este estudio será enviado a las autoridades de todas las entidades federativas del país, aborda otras dimensiones y fenómenos sociales como la inclusión económica y social, distribución desigual de los recursos, relaciones sociales, participación política y cívica, confianza en el Estado de Derecho, seguridad, violencia, percepción de la corrupción y problemas en la impartición de justicia. El documento puede ser consultado en www.cndh.org.mx