INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO POR VIOLACIÓN

Foto: Internet. Durante 2021 se registraron 21 mil 189 casos de violación.

Obligar a las mujeres a continuar su embarazo derivado de una violación, es una trasgresión total de sus derechos fundamentales, una forma de violencia de género, revictimizándola y truncando su plan de vida, por lo que el acceso a la interrupción de manera legal es un derecho humano, que debe respetarse en toda mexicana que se enfrente a esta situación.

Para brindar apoyo a todas las mujeres que han pasado por una situación de violación, se promueve el acceso al servicio de interrupción legal del embarazo con medicamentos, en línea y de forma segura, brindando la oportunidad de atención libre de estigmas, evitando la revictimización y respetando los derechos sexuales y reproductivos, con un enfoque desde la perspectiva de género e interculturalidad.

Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan que durante 2021 se registraron 21 mil 189 violaciones simples y equiparadas, esto significaría que se cometieron mil 765 violaciones mensualmente.

Toda mujer con la decisión de interrumpir su embarazo de acuerdo con la legislación vigente, puede hacer uso de servicios vía Telemedicina, donde un equipo de expertos médicos a partir de una evaluación y exámenes clínicos en caso de requerirlos, determinará si la paciente es elegible para recibir un tratamiento que le permita interrumpir su embarazo con medicamentos de manera segura, controlada y eficaz.

El único requisito previo a la prestación del servicio señalado por la normativa es la solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste que dicho embarazo es producto de violación. En México, el aborto representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna sin cambios sustanciales en las últimas décadas, a excepción de la ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Colima (2021), Baja California (2021), Sinaloa (2022), Baja California Sur (2022) por lo tanto, la atención al Aborto Seguro es una prioridad de salud pública en la agenda internacional y nacional.

Posponer la atención de la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, incrementa la morbilidad y mortalidad materna, y en el contexto de crisis sanitarias y humanitarias no hay justificación para exponer innecesariamente a las mujeres, y personas con capacidad de gestar a riesgos adicionales.

Para que las interrupciones sean seguras, deberán ser oportunas y confiables, utilizar tecnologías disponibles para la atención ambulatoria (farmacológicas y quirúrgicas), llevarse a cabo por personal capacitado, realizarse en ambientes apropiados e incluir una consejería sobre los procedimientos disponibles y los métodos anticonceptivos, basada en información científica y respetuosa de los principios de equidad, no discriminación y libre de estigmas.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es un derecho de las víctimas de violación sexual de acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046- 2005-SSA, aplicable en las 32 entidades federativas del país. En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las adolescentes entre 12 y 17 años, víctimas de violación tengan derecho a interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres, sin necesidad de un mandato judicial, siempre y cuando su implementación se lleve hasta la semana 10 de gestación, aseguró Paula Rita Rivera Núñez, de Telefem.