ADVIERTE A DIPUTADOS SOBRE EL RIESGO DE VULNERACIÓN A DERECHOS HUMANOS

Participación de las Fuerzas Armadas como acción reactiva ante situaciones críticas.

Y debilitamiento de instituciones civiles y democráticas de aprobarse reformas para la operación de la guardia nacional.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional, representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos en el país, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustancial a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos. México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. La seguridad, es una necesidad y no un campo para intereses políticos o de otra índole.

Ante ello, solicitó a los diputados que, por graves y apremiantes que sean las circunstancias en materia de seguridad pública en el país, no se renuncie a la institucionalidad civil y democrática. La primacía de las instancias civiles sobre las militares, no debe verse como un mero postulado teórico, sino como condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal, y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos, o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza. Así lo planteó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar ayer en la Cuarta Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez, en la cual se pronunció por no depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares. Reconoció, sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y combate al crimen organizado como acción reactiva ante situaciones críticas.

Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo y en algunos casos se ha propiciado mayor violencia. Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con miedo y dolor, ante la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas. “Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza, en modo alguno, que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta”.

Por ello, insistió en la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias, para desarrollar debida y oportunamente sus labores. Ello no es optativo ni negociable, además de condición ineludible, si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales para acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.