CEDE LA SOCIEDAD LIBERTADES A CAMBIO DE SEGURIDAD

Foto: UNAM. El uso de cámaras de videovigilancia y drones, impacta el derecho ciudadano a la privacidad.

Fuente: UNAM

En México la mayoría de los gobiernos invierten recursos para instalar videocámaras; sin embargo, no están logrando los propósitos de disuadir el delito y garantizar el acceso a la justicia; “se adquieren sin tener claro el objetivo de esas compras”, afirmó Lucía Carmina Jasso López, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS). La capital del país es la urbe más videovigilada del país: existen más de 15 mil cámaras públicas reconocidas por el gobierno capitalino; junto con las instaladas con Presupuesto Participativo y las privadas deben ser cientos de miles.

Estos dispositivos, por lo general, reducen delitos de tipo patrimonial, aunque no ocurre así en todos los casos. La lógica causal detrás del uso de esa tecnología, es tratar de inhibir hechos delictivos; es una forma de prevención. “Desde la teoría de la elección racional, si alguien va a delinquir y observa que hay videovigilancia, sabe que las posibilidades de ser identificado y atrapado son más altas. Se supondría que no cometerá el delito; sin embargo, parece ser que a los delincuentes cada vez les importa menos si son grabados o no”.

El uso de esas tecnologías de vigilancia (cámaras y drones) tiene efectos en la sociedad. Impacta, por ejemplo, en los derechos ciudadanos a la privacidad o a no ser discriminados. Por ello, “debemos avanzar hacia una adaptación de esa tecnología que sea socialmente efectiva, útil, pero también humana; no sirve tener más cámaras si las instituciones no mejoran, si como ciudadanos no vamos a ser más solidarios, o si no vamos a discriminar menos”.

“Identifiqué que había una geografía de demanda de videovigilancia que viene de la ciudadanía. No sólo el gobierno, sino la población, quieren cámaras”. Dos de las colonias elegidas, solicitaron más videovigilancia durante cinco años consecutivos.

Las cámaras tienen un valor simbólico y la gente las adquiere si tiene la posibilidad. “Queremos ver quién tira la basura afuera de nuestra casa, quien nos roba los tapones del carro o quién se llevó nuestra bicicleta”. No obstante, en las entrevistas con los vecinos, encontró que hay gente que ni siquiera se había percatado de la instalación de las cámaras en su entorno, y que alguien los estaba grabando. Otros, sí sabían, pero sin entender qué hay detrás y cuáles son las implicaciones de tener esa tecnología en la “puerta” de su casa.

Con la ayuda de becarios, recorrió calle por calle, gracias a lo cual pudo georeferenciar dónde se ubican los aparatos. En una de las colonias estudiadas, Nueva Rosita, en la alcaldía Iztapalapa, conformada por sólo 20 manzanas, ubicaron 97. “Entre otros aspectos encontramos que los vecinos ponen sus cámaras justo debajo de las del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para apoyar la vigilancia o en una disputa por ella”.

En otra de las colonias decidieron poner las cámaras para vigilar a una comunidad extranjera, porque tiraba basura; “videovigilar a un grupo de manera directa y latente es discriminación, y puede generar otros conflictos”.

De igual modo, en algunas empresas se monitorea a los empleados para detectar si usan cubrebocas o qué temperatura registran. “Pensemos en las posibilidades de control social que este tipo de tecnologías puede tener. Sin embargo, no hemos podido avanzar en esas discusiones tan profundas que como sociedad nos afectan, porque las comunidades, en el afán de tener más seguridad, las implementan sin pensar en nada más”.