CONDENA HOMICIDIO DEL ACTIVISTA GUERRERENSE ARNULFO CERÓN SORIANO

49 homicidios de activistas desde 2006.

Demanda a las autoridades que no haya impunidad.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el homicidio del defensor de los derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, y demanda a las autoridades correspondientes del estado de Guerrero, el pronto esclarecimiento del crimen, a la vez que expresa sus condolencias a los familiares del activista, y solidaridad a sus compañeros de las organizaciones en que militaba. Con este crimen suman ya 49 los homicidios de activistas desde 2006, 9 de los cuales han ocurrido en lo que va de 2019, lo cual evidencia el grave riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, así como la necesidad de que se revierta esta situación cuanto antes, y se evite la normalización de estos crímenes.

Ante la información difundida por distintos medios de comunicación, donde el Fiscal General de la entidad confirmó el hallazgo del cadáver del defensor, en una fosa clandestina del Municipio de Tlapa de Comonfort, y destacó la detención de dos personas, este Organismo Nacional enfatiza la importancia de cumplir con el debido proceso para evitar la impunidad en el caso, y recuerda que el pasado 14 de octubre solicitó a dicho funcionario y al Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, implementar las medidas cautelares necesarias para buscar y localizar a Cerón Soriano, así como investigar los hechos, enfatizando en todo momento la línea de investigación vinculada a su labor de activismo en favor de los derechos fundamentales.

Esta Comisión Nacional exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno, generar condiciones para que las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, puedan realizar su trabajo en contextos de libertad y seguridad, en específico las que desarrollan su labor en el estado de Guerrero, y llama la atención sobre la persistencia en México de violencia, criminalización, intimidación, acoso, estigmatización e impunidad en los delitos de que son víctimas.