CONTAR CON MÁS Y MEJOR SEGURIDAD, COMO CORRESPONDE A UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

No renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

Expandir la esfera de influencia de las fuerzas amadas a la seguridad pública, apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

Fuente: CNDH

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez afirmó que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, y recordó que el Presidente de la República ha hecho expreso su compromiso de respetar el contenido y principios de la Constitución, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo, por lo que subrayó que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

Al presentar el Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. “Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”.

Contar con 33 Fiscalías Autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes es fundamental y permitirá que la investigación de casos complejos – como la desaparición de 43 normalistas y la reciente explosión de un ducto en Hidalgo- tome un curso institucional y la sociedad tenga la certeza de que se llegará a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo, lo que no es solo cuestión de dichos o anuncios, sino que éstos se sustenten en elementos técnicos y científicos irrefutables. Convocó a senadores y diputados para que, desde la función legislativa, contribuyan a generar un entorno de respeto al derecho a disentir y a evitar discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana, ya que nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, o persona que desaparece o pierde la vida, implica agresiones entre la sociedad misma.

Detalló que durante 2018 un total de 377,579 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77,404 personas agraviadas. Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2,532 casos; ISSSTE, 1,215; SEP, 746; INM, 587; SEDENA, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; SEDESOL, 311; SEMAR, 284; Infonavit, 212, y mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375. Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.