DISCULPA PÚBLICA DEL ESTADO MEXICANO 

No portaban armas y no eran miembros de la delincuencia organizada.

Por el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

Fuente: CNDH 

Monterrey, Nuevo León.-Hace 9 años, el 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, sufrieron múltiples vulneraciones a su dignidad como personas y a sus derechos humanos, siendo víctimas de un injustificado e indebido abuso de poder, cuya consecuencia más grave implicó que fueran privados de la vida en las instalaciones de dicho Instituto, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó el Ombusman nacional Luis Raúl González Pérez, durante su participación en la ceremonia de disculpa pública del Estado Mexicano a los ex alumnos del ITESM.

Estos lamentables hechos, trascendieron públicamente y fueron investigados por la CNDH, siendo objeto de la Recomendación 45/2010, misma en la que se desvirtuaron las pretendidas explicaciones con las que, en su momento, las autoridades responsables pretendieron justificar su conducta, aunque ello implicara formular falsas imputaciones en contra de Javier Francisco y Jorge Antonio, atentando contra su imagen y honor, causando a su vez afectaciones adicionales a la imagen, honor e integridad psicológica de sus familiares.

Entre otras cosas, en la Recomendación 45/2010, la CNDH pudo acreditar:

• Que Javier Francisco y Jorge Antonio, no portaban armas, y no eran miembros de la delincuencia organizada, como sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió con motivo de las investigaciones realizadas por la CNDH.
• Que el lugar de los hechos fue modificado, y se les depositaron armas a las víctimas con el propósito de alterar la escena de los hechos y representar que se trataba de miembros de la delincuencia organizada y no de estudiantes.

El día de hoy, en mi calidad de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asistimos a este acto de disculpa pública por parte del Estado mexicano, a los padres y familiares de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo; a la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y a toda la sociedad mexicana. Es innegable que México requiere más y mejor seguridad, pero esa meta no se puede alcanzar por cualquier medio y a cualquier costo, mucho menos cuando esto último representa la pérdida de vidas inocentes. No podemos pretender combatir la injusticia y la ilegalidad, incurriendo en nuevos actos injustos e ilegales.

El acto que hoy nos convoca deriva del cumplimiento de la Recomendación emitida por la CNDH, y busca restituir el honor y buena fama de Javier Francisco y Jorge Antonio. No eran delincuentes, eran estudiantes y no merecían ni debían perder la vida en las circunstancias y condiciones en que lo hicieron. Es claro que esta disculpa no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la entonces Procuraduría General de la República, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, pero reivindica sus nombres y plantea el compromiso de las autoridades en el sentido de que actos semejantes no se repitan con posterioridad. Nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia de ello han sufrido sus familiares y amigos, pero reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación.

La Disculpa Pública que ahora se ofrece por el Estado mexicano, es también una oportunidad invaluable para que las autoridades hagan expreso y concreten en los hechos, su compromiso con la verdad, la justicia y la observancia de los derechos humanos; con adoptar una estrategia de seguridad integral, que contemple la prevención y que no se sustente en elementos reactivos basados en el uso de la fuerza; que cuente con elementos debidamente capacitados para la interacción con civiles y las tareas inherentes al ámbito de la seguridad pública; por procurar y fortalecer instituciones imparciales y autónomas que investiguen los abusos e ilícitos que se presenten, y hagan posible que se sancionen conforme a derecho.