EL DERECHO A LA CIUDAD IMPLICA SUPERAR BARRERAS CONSTRUIDAS POR LOS HUMANOS

Foto: Internet. Debemos aprender a coexistir y respetar a otras especies, cuidar el medio ambiente.

Fuente: UNAM

El derecho a una ciudad incluyente debe conciliar distintas visiones, enfoques, condiciones socioeconómicas, en aras de tener un espacio común habitable, y debe también entenderse como la necesidad de superar barreras y restricciones que los propios seres humanos construimos, y que limitan nuestra socialización, afirmó el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al inaugurar el Tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad “Derecho a la Ciudad, Derecho a la Vida. Interacciones, aproximaciones, perspectivas”, el cual reúne a especialistas de nueve países, indicó que esta temática es relevante, pues es en las urbes donde tenemos que relacionarnos y encontrar la manera de resolver nuestras necesidades.

La pandemia por COVID-19 también mostró que en las metrópolis debemos aprender a coexistir y respetar a otras especies, a cuidar el medio ambiente. Durante el confinamiento se hizo evidente la existencia de animales que, por ejemplo, en la Ciudad de México se pensaba que ya no habitaban, como los cacomixtles. “Esto nos interpela a buscar una relación más armoniosa con el medio ambiente”.

En el auditorio “Ricardo Torres Gaitán”, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, señaló que no hay ciudades perfectas, pero sí se puede aspirar a visualizar espacios más adecuados donde los habitantes gocen de lo necesario para su buen desarrollo personal y social, vivir comunitariamente con armonía, paz, justicia y equidad.

Los gobiernos de prácticamente todas las ciudades del mundo se han visto rebasados por el crecimiento desmedido de estas, y en la urgencia de atender los requerimientos emergentes, se ha descuidado el bien social, supeditando necesidades, derechos, intereses ciudadanos básicos. “Si bien será imposible solucionar los problemas crecientes, creemos que los estudios inter y transdisciplinarios pueden coadyuvar al mejoramiento sustancial de nuestras metrópolis y de sus habitantes”.

Valencia García celebró que en el Congreso -que culminará mañana- se revisarán cerca de un centenar de propuestas urbanísticas basadas en análisis, metodologías y estudios transversales y se discutirán planes de acción entre diferentes actores. “Las ciudades del tercer milenio deben aspirar a ser espacios más democráticos e igualitarios, y romper con la inercia de monstruosas metrópolis rodeadas de cinturones de miseria, excluyentes de una buena parte de la población”.

Previamente, el director del Programa Universitarios de Estudios sobre la Ciudad, Javier Delgado Campos, expresó, ante los momentos desgarradores que se viven en México y el mundo, es necesario hacer propuestas viables; es fundamental reflexionar sobre las ciudades, sin olvidar a sus habitantes.

Horizonte y desafío

Luego de la inauguración, Lucía Álvarez Enríquez, especialista del CEIICH, ofreció la conferencia magistral “Derecho a la ciudad: principio de realidad, utopía y viabilidad”, en la cual afirmó que éste es una garantía colectiva, integral, que funciona más como un imperativo y emblema que como figura jurídica. Esta prerrogativa fue incluida en normas como la Constitución Política de la Ciudad de México y es importante su incorporación.

“El derecho a la ciudad tiene sentido como el derecho mismo de sus pobladores a ser parte de la urbe, y de poder permanecer en ella. Es algo obvio, pero en la ciudad neoliberal hay cada vez más procesos de expulsión de los pobladores pobres, incluso de las clases medias bajas”.

La garantía a la ciudad implica también que se pueda acceder a los recursos y bienes en condiciones de equidad, pues actualmente no es así. Por ejemplo, la distribución del agua en entidades como la capital de la República mexicana es desigual. Otro elemento fundamental, es que los ciudadanos sean parte de las decisiones públicas y participen en la definición del proyecto de urbe.

El derecho a la ciudad es un horizonte y un desafío: es posible acceder a él por aproximaciones sucesivas y por caminos alternos. La posibilidad de ejercerlo también depende, entre otras cuestiones, de la existencia de gobiernos democráticos, de la determinación y voluntad política del gobernante, y de su capacidad para generar la construcción de derechos, procesos redistributivos, diseñar políticas incluyentes y ejercicios de justicia social; de la existencia y construcción de una ciudadanía sólida, activa, con capacidad de generar procesos de transformación.

Detalló algunas acciones encaminadas a redistribuir la riqueza y generar justicia social, por ejemplo: crear bienes y servicios públicos, asignar presupuestos para créditos de vivienda, crear fuentes de trabajo, promover ejercicios de mercado justo, implementar políticas enfocadas al transporte público, más que al privado.

Además, promover políticas enfocadas a la desmercantilización de la localidad. Por ejemplo, en el rubro de vivienda, no es posible detener la inversión privada, pero sí se pueden impulsar reglas claras en la materia y que consideren retribuciones en beneficios de la ciudad, promover la sustentabilidad y evitar la depredación del agua, el suelo de conservación, entre otros.