LA GUARDIA CIVIL NO ES PERTINENTE NI VIABLE

Más que dar certezas generará confusión.

Desde la perspectiva de los derechos humanos.

Fuente: CNDH

Al participar ayer en las Audiencias Públicas en Materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Luis Raúl González Pérez, propuso establecer un grupo de análisis especializado y plural que aporte elementos para construir un sistema de seguridad pública, prevea la participación temporal de las Fuerzas Armadas y una ruta para para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles.

El Ombudsperson nacional afirmo que, como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, y omite establecer claramente una ruta en sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, e implica un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.

Propuso establecer de inmediato un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un sistema de seguridad pública que, ante la necesidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, y para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de todos los órdenes, para que asuman dicha tarea y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias, y las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Enfatizó que en una época en que el discurso parece regir la percepción pública, la responsabilidad y debido desempeño de la función legislativa tiene que atender a hechos y realidades para orientar su rumbo, si en verdad aspira a ser efectiva y servir a la sociedad. La crisis que vive México en materia de violencia y seguridad debe atenderse con un enfoque integral y estrategia real, que aborden los distintos aspectos de la problemática y no se limite al replanteamiento de un cuerpo reactivo de carácter y naturaleza preponderantemente militar, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.

Expresó su preocupación ante ajustes insuficientes para fortalecer la institucionalidad civil, acotar la participación de las Fuerzas Armadas y dar certeza sobre tiempos y términos para ello, pues se preservan prácticas o tendencias que en el pasado afectaron la institucionalidad y demoraron la atención efectiva de los problemas al escuchar, pero no considerar las opiniones de expertos e instancias nacionales e internacionales.

Preocupa que, adicional a esta reforma, se proponga expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas al ámbito económico, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias, puedan adquirir bienes y contratar servicios en tales esferas, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional.

Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”.