SE FORTALECEN LOS TRABAJOS DE COLABORACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Acceso a información estadística de calidad, pertinente y oportuna.

Diseño y evaluación de políticas públicas, y profesionalización del personal en la materia.

Fuente: INEGI

La corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, además 91.1% de la población de 18 años y más percibe que son frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa, mientras que esa percepción se tiene en 82.2% de las unidades económicas. Asimismo, la corrupción afectó directamente a 14.6% de la población adulta que en 2017 experimentó algún acto de corrupción al estar en contacto con algún servidor público, y a 5.6% de los establecimientos que en 2016 fueron víctimas de corrupción. Para la sociedad, estos actos implicaron un costo de 7 218 millones de pesos y para las empresas significó 1 611 millones de pesos, posicionando a este problema como uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno.

Para atender esta situación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015, tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. En 2018, el INEGI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) celebraron un convenio de colaboración para aprovechar los censos y encuestas nacionales de gobierno, registros administrativos e indicadores que produce el INEGI sobre el tema. El pasado lunes 25, el INEGI, el SNA y el Comité de Participación Ciudadana del SNA acordaron, junto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) colaborar en el combate a la corrupción.

Se espera que estas actividades beneficien a la sociedad a través de la generación de información estadística de calidad para el diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas orientadas a atender el problema de la corrupción en México y, en particular, sustenten las estrategias que proponga el SNA. Entre otras, se diseñarán mediciones que consideren el nivel de independencia e imparcialidad de las instituciones que conforman el SNA, las políticas que implementen y los resultados que generen. Además, se espera fortalecer las capacidades institucionales mediante la formación de servidores públicos mejor capacitados en materia de prevención, monitoreo y combate a este fenómeno.