CONCLUYE VISITA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA A MÉXICO

Foto: Internet. Varias recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018, aún están pendientes de implementación.

Fuente: ONU-DH México

El Comité contra la Desaparición Forzada termina hoy su visita a México. Es la primera visita a un país que realizan en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Para la realización de la visita, el Comité designó a 4 de sus miembros: Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa Quintana, quien dio el informe, asimismo, fueron acompañados por dos miembros de la secretaria del Comité: Albane Prophette-Pallasco y Sergio Giuliano. La Delegación contó con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).

El informe de la visita será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022. Confiamos que las recomendaciones que se adopten serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México. Reiteramos la plena disposición del Comité para cooperar en ese proceso.

Visitamos 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, provenientes de casi todas las entidades federativas.

Acompañamos exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas de Morelos, Coahuila y Estado de México. También visitamos el Centro de Identificación Humana de Coahuila. Asimismo, hemos visitado varios centros de privación de libertad federales, estatales y de migrantes, con el propósito de verificar los registros oficiales, y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. 

Algunos aspectos generales que pudimos constatar del 15 al 26 de noviembre de 2021:
Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, “[imperan] la impunidad y la revictimización”. Recibimos información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.

A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. Además, observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación. 

Hoy en día, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México.

Dentro de esta información, debemos resaltar el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID 19. Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. No se han atendido las causas profundas de las desapariciones.

El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado. En este contexto, la lucha en contra de la impunidad es impostergable. Los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis, cuya más cruda demostración son las más de 52,000 personas fallecidas sin identificar.

El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega, solo agravan esta situación.