DATOS NECESARIOS EN SEGURIDAD Y JUSTICIA
4 octubre, 2018
A pesar de diversas políticas de seguridad implementadas.
La violencia se ha recrudecido en el estado de Chihuahua.
Fuente: México Evalúa
89.9%
Incrementaron las carpetas de investigación por homicidio doloso en Chihuahua en agosto de 2018, respecto al mismo mes del año anterior, llegando así a 226 asesinatos.
65.5%
De los homicidios cometidos en Chihuahua ocurrieron en Ciudad Juárez, el 13.3% en la ciudad de Chihuahua y el resto se cometieron en los otros 65 municipios.
72%
De los habitantes de los municipios de Chihuahua y Juárez se sintieron más inseguros de vivir en sus ciudades en junio de 2018, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) – INEGI.
36.3%
De los habitantes de estos municipios señalaron haber escuchado disparos con armas de fuego en junio de 2018 y más del 44.1% han atestiguado robos o asaltos.
¿Cómo opera el sistema de justicia penal?
854.1
Asuntos son llevados por cada defensor público en Nuevo León, la entidad con la mayor carga de trabajo en la Defensoría Pública, seguida del Estado de México (488.1) y Morelos (164.2).
Guerrero, Campeche y Jalisco
Son los estados donde las Defensorías Públicas reportan menores cargas de trabajo, con 10, 15.9 y 20.7 asuntos por defensor.
100%
De los casos llevados por los Ministerios Públicos de Tabasco solicitaron la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. En todos los casos, ésta fue concedida por los jueces.
La prisión preventiva es la medida cautelar más empleada tanto para el fuero federal como para el común. Esto refleja la falta de análisis de proporcionalidad, necesidad y legalidad y de respeto al principio de presunción de inocencia.
26,916
Carpetas de investigación fueron enviadas al archivo temporal en 2017, equivalente a 27.3% de los delitos denunciados en el ámbito federal.
84.2%
De las investigaciones en los Ministerios Públicos de Campeche fueron enviadas al archivo temporal en 2017, siendo el estado donde se hace mayor uso de esta facultad.
El uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de policías y Ministerios Públicos para realizar investigaciones.
