DESCOORDINACIÓN ENTRE INSTANCIAS DE GOBIERNO, E INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS

DESCOORDINACIÓN ENTRE INSTANCIAS DE GOBIERNO, E INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS

18 septiembre, 2018 0 Por Rene Davila
Miles continúan damnificadas, no han sido reconstruidas escuelas, unidades médicas y viviendas.

Resultados insuficientes en la reconstrucción y acciones preventivas.

No ha habido la debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y donaciones nacionales e internacionales.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y 1,372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar. Esta situación afecta directamente a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro.

Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera. Muestra de ello es el caso de la Ciudad de México, donde el entonces Jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a estos hechos, y que no obstante haber sido solicitada información sobre las mismas por la CNDH, se recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar con la CNDH, al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia, y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementar las medidas requeridas en materia de auxilio y rescate de personas, e investigación en los inmuebles colapsados, no obstante que es cabeza del Sistema Nacional de Protección Civil y que durante el desarrollo de la emergencia concentró y proporcionó públicamente información al respecto. En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209,344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60,366 presentaron daño total y 148,978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172,026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU.

Esta Comisión Nacional inició 375 expedientes, 4 de oficio y 371 derivados de las quejas presentadas de manera individual y colectiva por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, se observa que cuenta con más de 6,855 millones de pesos en 2018 (que incluye las donaciones de particulares) y que en la plataforma pública de esa Comisión se detalla el monto aprobado para su futuro ejercicio. Sin embargo, no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino, por lo cual no se ha cumplido su finalidad ni se ha transparentado su ejercicio de manera clara y precisa. La misma situación de opacidad se advierte respecto de las donaciones que recibieron por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.