EJÉRCITO MEXICANO Y SUS MISTERIOS “GANANCIALES”

Bonanza económica castrense en un país empobrecido.

Fuente: Ibero

Un error frecuente de comentaristas y analistas de seguridad al abordar el manejo presupuestal de las fuerzas armadas mexicanas, consiste en las comparaciones simples de comportamiento nominal (recursos aprobados por el congreso), sin contrastarlo con recursos ejercidos año con año. O bien, utilizar el simple parámetro del Producto Interno Bruto (PIB) para enfatizar que México no es un país militarista. No se explican bien a bien, los flujos crecientes de recursos materiales (como las compras de armas, equipo y vehículos) y de infraestructura militar que se observa en lo que va del presente siglo.

Deben considerarse en el contexto político mexicano donde la falta de controles efectivos de supervisión del gasto militar, (o incluso la extorsión institucional como regla no escrita) son la norma, que explican la nueva bonanza económica castrense en un país empobrecido, expuso Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México.

Los “ganones” de la 4T. Los militares mexicanos llegan entronizados económicamente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Los economistas especializados en defensa, señalan como deficiente una proporción tan alta en el gasto corriente que no deja lugar a inversión e investigación militar, junto con la necesaria renovación de armas e infraestructura. ¿Se gasta mejor y con transparencia en las fuerzas armadas mexicanas? ¿Cuáles son los parámetros del control que permitan al Ejército y a la Marina, ahora, disponer de recursos para inversión e investigación militar, cuando en los últimos tres sexenios hubo siempre el reclamo al poder presidencial, sobre su “escasez” de presupuesto, porque la mayoría se iba en salarios y pensiones?

Las repuestas quizá se encuentren en la subsidiariedad de un Estado corporativo y clientelar que siempre consideró a los militares como los guardianes de su estabilidad política entendida como la permanencia del grupo o camarilla de poder en turno.

Otra parte de las respuestas se encuentran también en el creciente protagonismo militar como ejecutores y/o administradores de obra pública y que, también hay que decirlo, permite acceso a recursos sin control ni supervisión legislativa toda vez que incluso la construcción de escuelas o bodegas de alimentos para gobiernos (federal o estatales), se considera como de “seguridad nacional” por la simple razón de que son obras (civiles) a cargo de militares.

Con ello se garantiza la secrecía de la información de su ejecución y se asegura la impunidad de la corrupción que suele imperar en este tipo de prácticas de asignación directa de obras. Una revisión somera sobre asesinatos de mandos militares que han pasado por las subestructuras financieras que se han hecho responsables de estas operaciones, son un indicio grave de las desviaciones institucionales que el nuevo patrón de comportamiento militar entraña.

Sobre esta fenomenología, hay que decirlo, los estudios y reportes sobre el caso mexicano son omisos e incapaces de explicar la bonanza económica con la que los militares llegan al gobierno populista de la 4T.

 La cereza del pastel castrense. Las ufanas declaraciones del general responsable de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía: “los (sic) gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional… las ganancias…”, aunque la administración operativa del aeropuerto sea de civiles (elegidos por los militares, hay que advertir), ponen en contexto la nueva realidad de las relaciones militares con el poder político mexicano.

Ahora el factótum no es el presupuestal (asignación de recursos según disponibilidad económica del Estado), sino la garantía de que los recursos de actividades administrativas y comerciales (usos o aprovechamientos ahora con el carácter de “gananciales”) a cargo de la institución castrense, no se irían a las arcas centrales del Estado para su distribución general del gasto, sino que se quedan en los bolsillos militares y un destino discrecional a cargo de los altos mandos.

Los militares mexicanos no se han caracterizado por la pulcritud administrativa-económica en el manejo de sus recursos y el comportamiento político, en esta materia trasciende el valor de la anécdota o de meros casos aislados.

El caso de Santa Lucía, junto con la construcción de las sucursales del banco del bienestar, los dos tramos asignados del Tren Maya, así como la habilitación de infraestructura hospitalaria civil para enfrentar la pandemia del Covid-19 en México, y lo que se acumule por el resto del sexenio, son el nuevo rostro de un empoderamiento militar que se aleja de sus misiones de defensa en un contexto cada vez menos democrático. Los perdedores estamos del otro lado.