FALTA DE GARANTÍAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas.

Y de política pública en la materia, así como omisiones de autoridades que generan impunidad.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la asistencia y protección a víctimas de los delitos en materia de trata de personas no ha estado garantizada en el país ni se cuenta con una política pública instalada y accesible a ella. Además, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con obligaciones específicas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –como la SEGOB, PGR (hoy FGR), Salud, SEP, STPS y CEAV— no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas, que cada día aumenta debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades.

Entre las acciones en las que dichas autoridades fueron omisas destacan el establecimiento del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la adecuación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la correcta implementación y evaluación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas y del Protocolo único para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas, la estrategia para brindar oportunidades de trabajo a las víctimas, así como aquellas dirigidas a garantizar el derecho a la educación y salud de éstas hasta su rehabilitación y resocialización.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas, que consta de tres capítulos: La situación de la trata de personas en México desde las cifras oficiales; La situación de la trata de personas en México desde otras fuentes de información, y La situación de la trata de personas en México desde la actuación de las autoridades. Acto en el cual subrayó que ante la falta de política pública verificable y evaluable, que asegure que las víctimas de trata de personas son protegidas y asistidas por las autoridades encargadas de la atención a víctimas en el país, hizo un llamado especial a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas en las entidades federativas para implementar acciones urgentes, ya que no se cuenta con registro sobre la atención continua tanto a las víctimas directas como indirectas, lo que hace suponer que se abren los expedientes de cada caso al momento de la emergencia (médica y psicológica de primer contacto), pero no se tiene seguimiento posterior y puntual sobre éstos.

En México, dijo, no se cuenta con un sistema que brinde información fidedigna en esta materia. Los bancos de datos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran en un solo rubro, la información correspondiente a los 26 delitos en materia de trata de personas establecidos en la Ley General. Ante ello, resulta imposible que mediante esta información se pueda contar con un panorama certero, sobre la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas.

Consideró que estamos en un momento muy importante para redefinir un camino ante la elaboración del nuevo Programa Nacional, que cuente con objetivos, medidas de aplicación, indicadores operacionales, para todos los delitos en materia de trata de personas señalados en la Ley General, que establezca mecanismos eficaces de vinculación y coordinación interinstitucional, así como de evaluación que se oriente a la planeación e instrumentación de una Política de Estado y den cuenta de sus resultados.

Para la elaboración del documento se solicitó información a 104 autoridades federales y estatales, incluyendo a la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR), las 32 Procuradurías y Fiscalías estatales y a los 32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a 20 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y a 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019 puede consultarse en www.cndh.org.mx