INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTÁN SUPLANTANDO EL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA

Triangulación de recursos públicos.

Denunciar a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna profesión que requieran título y cédula para su ejercicio.

La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) ve con preocupación que la mayoría de las dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (federal, estatal y municipal), están utilizando de manera creciente, a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados, como prestadores de servicios profesionales relacionados con la obra pública.

Estos servicios están relacionados con la planeación territorial, desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, planes maestros, diseños de anteproyecto y desarrollo de proyectos ejecutivos, así como actividades de campo como la supervisión y la dirección técnica y arquitectónica de obra, servicios que se engloban dentro de la práctica profesional de la arquitectura, el urbanismo, paisajismo y algunas ramas afines, que han estado contratándose en diversas instituciones de educación superior y organismos públicos descentralizados, que no cuentan con el fin, la misión, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollarlos, y caen en el delito de suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México.

Hace un año denunciamos estos hechos que se están haciendo comunes y ahora sabemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), acordó con la UNAM llevar a cabo proyectos diversos a través de la Facultad de Arquitectura, lo que es una clara maniobra similar a la Estafa maestra, ya que se están repitiendo estas prácticas con la parte académica y no con los profesionales. Una gran parte de estas instituciones de educación superior y de organismos públicos descentralizados, ejercen la práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo como mecanismo alterno para obtener recursos económicos, con base en una triangulación de recursos públicos, siendo contratados por funcionarios, autoridades y representantes de las diversas dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (gobierno federal, estatal y municipal), además utilizan a a estudiantes, profesores e incluso extranjeros, bajo argumentos de apoyo al servicio social, de extensión universitaria o de colaboración y asesoramiento institucional, actividades que restan en la oferta, demanda y viabilidad laboral y económica de los verdaderos profesionales, lo que deriva en una situación de daño económico al estado, señaló Aldo Paul Ortega Molina, presidente de la FCARM.

Apuntó que Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contrató a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar 104 proyectos del Gobierno Federal, en colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas del país.

En 2017 la Auditoria Superior de la Federación, consideró que la ola de contrataciones de instituciones de educación superior por parte de algunas dependencias federales, estatales y municipales, representa un daño económico al Estado al incrementar su costo, siendo en algunos casos fraude, desvió y desaparición de recursos públicos.

En México, la práctica profesional se encuentra regulada desde 1945 en la Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional.