INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA GUARDIA NACIONAL

La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia.

En el marco del proceso de discusión para la reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de redefinir la integración, organización y atribuciones de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite.

P O S I C I O N A M I E N T O

1. La utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan sólo es una parte de la misma. El replanteamiento de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.
2. La CNDH no se opone a la participación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas y llama la atención sobre la necesidad de que tal participación se regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales premisas. Si bien no considera que tal cuestión sea deseable, este Organismo Nacional ha sostenido de manera reiterada que ante la situación de inseguridad, violencia e impunidad que existe en diversas regiones del país, es necesaria tal presencia a efecto de contrarrestar las actividades del llamado “crimen organizado”, ante la falta de recursos y capacidades para tal efecto por parte de las policías civiles y la frecuente penetración y toma de las mismas por parte de las referidas organizaciones delictivas.
3. Este Organismo Nacional ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas y quedar adscrita administrativamente a las mismas, contraviene lo previsto por los principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución, en el sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles sobre las militares, siendo contraria, de igual forma a recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito.
4. La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo. Además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos. Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable. 
5. La propuesta de reforma Constitucional tiene múltiples ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar en violaciones a los derechos humanos, tales como la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional para actuar a efecto de “preservar el orden y la paz pública” abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta. De igual forma, no se establece cómo se van a desarrollar a las policías civiles, cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando, ni las bases y términos en que se daría la coordinación entre instancias de los tres niveles y órdenes de gobierno y, mucho menos, con los Ministerios Públicos, siendo este aspecto de especial relevancia en tanto que la investigación de los delitos necesariamente debe quedar en manos de estos últimos y preservar múltiples garantías y derechos. De igual forma, la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían que ser de carácter civil.
6. Sería deseable el establecimiento de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revisara la evidencia objetiva y concreta que sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea, cuyas consideraciones aportaran elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, se prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias
7. Las políticas públicas y las normas que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos, producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma. En este sentido, insistimos en la necesidad de contar con fiscalías autónomas en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores. Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia.