JUEZ ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO PARA EL TRAMO 5 DEL TREN MAYA

Foto: Internet. Busca que se cumpla con el acuerdo de Escazú.

Fuente: Greenpeace México

Greenpeace México dio a conocer este jueves la admisión de la ampliación de la demanda que se dio el pasado viernes 29 de julio, con el número de expediente 1216/2022. De manera general, la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional (MIA-R) del proyecto Tren Maya Tramo 5 sur, resulta inconstitucional al menoscabar los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales, reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), a partir de los cuales se deben interpretar los Artículos cuarto, sexto y 35 de nuestra Constitución General.

Dicha ampliación solicita al Juez que –al menos– se dicten las siguientes medidas de reparación, para salvaguardar los derechos humanos a través de los siguientes puntos:

Que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento; Que se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

Que el presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

Que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5;

Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras, concluyó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México.