LA ‘ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO’ NO DA SOLUCIONES DE FONDO

La PGR es percibida como “el primer nudo de la crisis de derechos humanos”.

Estudio ‘Retos para la transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México’.

Fuente: Ibero

En numerosas ocasiones se ha dicho que México se encuentra ante una grave crisis de derechos humanos. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la situación en México como una “grave crisis de violencia y de seguridad”. En su libro Estado de emergencia, el periodista uruguayo Carlos Fazio, señala que lo que se vive en México es una crisis civilizatoria. Otros más señalan que lo que tenemos ante nosotros es una crisis de institucionalidad.

El pasado 6 de noviembre el Centro Carter y Elementa DDHH presentaron en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el estudio “Retos para la transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México”.  El trabajo hace un recorrido sobre cómo han ido cambiando la estructura orgánica y las normas que regulan el comportamiento de la administración pública federal, y cómo han influido tanto los organismos internacionales como las organizaciones de la sociedad civil en el diseño institucional. Las conclusiones a las que llega son muy aleccionadoras; se exponen tres de ellas.

La primera, y quizá de las más importantes, es la conclusión en el sentido de que la institucionalización de las políticas públicas de derechos humanos en la administración pública federal, se ha concentrado en lo que el estudio denomina la “administración de conflictos”. En otras palabras, la administración pública federal ha centrado sus acciones en materia de derechos humanos en impulsar algunos cambios, que son la mayor de las veces superficiales y que, por ende, no están orientados a transformar conductas o prácticas, sino meramente a despresurizar el ambiente. Es decir, no van dirigidas a resolver los problemas desde su raíz.

La segunda conclusión que quiero resaltar es la relacionada con la creación de institucionalidad en las fuerzas armadas, que ha ocurrido sólo en función de las necesidades que se van identificando para efecto de “administrar el conflicto”. En este sentido, se aprecia según lo evidenciado en el estudio, que la creación de ciertas áreas orientadas a responder de alguna manera u otra a las quejas ciudadanas frente a violaciones a derechos humanos cometidas por militares, ha respondido tan sólo a la necesidad de aparentar una transversalización de la política pública en derechos humanos.

La tercera conclusión que está relacionada con la Procuraduría General de la República (PGR). Particularmente a la que señala que, ante la ausencia de fuerza y autonomía, ésta ha sido incapaz de cumplir efectivamente su mandato. De acuerdo con el estudio en comento, la PGR es percibida como “el primer nudo de la crisis de derechos humanos”. En efecto, ante la incapacidad de ejecutar su mandato, se ha convertido en el primero de varios eslabones en la cadena de la impunidad en México.

Estas tres conclusiones -de 43 que presenta el estudio- proporcionan ya insumos suficientes para vislumbrar razones de peso, por las que México se encuentra en la antes referida ‘crisis de institucionalidad’:

1. Instituciones que se crean sólo para administrar la crisis (y no resolverla de fondo).
2. Falta de una auténtica transversalización del paradigma de los derechos humanos.
3. Incapacidad para investigar las violaciones a derechos humanos y, por ende la obstrucción de la posibilidad de sancionar y reparar.

Analizar la realidad bajo la óptica del estudio y con los insumos que éste aporta, podría ser fundamental para continuar en la búsqueda de soluciones a la crisis referida. Si profundizamos en el conocimiento de qué es lo que determina los cambios al interior de las instituciones, podríamos como organizaciones sociales, como universidades, encontrar claves importantes que nos permitan seguir contribuyendo a solucionar los problemas que configuran la crisis, sostuvo Denise González Núñez, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México.