PERSONAS DESAPARECIDAS, ¿SIN LOS CUERPOS NO HAY DELITO?

Foto: Internet. México cuenta con andamiaje jurídico importante, en la aplicación residen los problemas.

Fuente: Ibero

De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022, hay alrededor de 100 mil personas bajo estas dos condiciones en México. Tan sólo en el último año (1 de marzo de 2021 a 1 de marzo de 2022), se sumaron más de 7 mil 500 personas. A esta cifra le podríamos sumar los 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país, según registros del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y que el gobierno mexicano citó hace apenas una semana.

De lo que se habla es de un fenómeno de personas desaparecidas, de una crisis a nivel forense y del sistema judicial, y los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder político. A pesar de que el Estado mexicano tiene el andamiaje legal para actuar, la procuración de justicia se diluye ante el creciente número de casos que ocurren por todo el país.

El año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó una visita a nuestro país, y aunque reconoció la labor, los avances y la apertura del Estado mexicano, lamentó «constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, ‘imperan la impunidad y la revictimización’”.

Es tan grande el problema y la falta de capacidad práctica para dar identidad a las personas extraviadas, que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que nuestro país tendrá “un Innsbruck mexicano”. Informó sobre la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, entidad que ha identificado los restos forenses de tres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, parece que todos estos esfuerzos quedarán en eso si no se atienden otros temas que confluyen, por ejemplo, los delitos de alto impacto, la lucha entre cárteles del narcotráfico, las relaciones de poder entre entidades del Estado y criminales, las multiejecuciones, así como el fenómeno de las fosas clandestinas y la protección a colectivos y personas que buscan a sus familiares.

IFrameEl Estado, rebasado

El 27 de febrero de este año, un video recorrió las redes sociales: se trataba de un presunto fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán. En las imágenes se observaba a un grupo de personas paradas frente a la pared de una casa que murieron en una especie de fusilamiento. De acuerdo con las autoridades, se trató de un pleito entre sicarios. A pesar del video y los testimonios publicados en los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había evidencias del enfrentamiento, pero no se habían localizado víctimas. Después se supo, por voz del fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, que los criminales tuvieron el tiempo suficiente para llevarse los cadáveres, y lavaron el suelo para borrar evidencia.

A pesar de que las autoridades ya han señalado a los presuntos agresores y realizado algunas detenciones, los cuerpos siguen sin aparecer. Es decir, se lleva a cabo la desaparición como acto criminal para impedir la actuación de la justicia. Ya en su momento, durante los sexenios pasados, los grupos de la delincuencia organizada tenían como modus operandi recuperar los cuerpos de sus víctimas, para despistar a las autoridades y que, en caso de que no hubieran muerto, pudieran seguir actuando bajo el cobijo del anonimato. Eso pasó con Nazario Moreno González, el Chayo, líder de La Familia Michoacana, quien supuestamente había sido abatido en 2010, pero cuatro años después el gobierno lo volvió a liquidar.

Todos estos casos demuestran un problema de seguridad y justicia. Para Gilberto Santa Rita, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero), tenemos un andamiaje jurídico importante y técnicamente eficiente sobre la desaparición, que incluye mecanismos de búsqueda y la participación de las y los involucrados, así como todas las leyes que protegen los derechos humanos, es decir, el sistema mexicano cuenta con las normas sobre este fenómeno.

“No tenemos, pues, un problema de falta de regulación; la cuestión está en que las autoridades están totalmente rebasadas, porque el Estado mexicano comete un error muy frecuente que es no invertir recursos en la propia democracia, me refiero a la vigencia de derechos humanos y a vivir más o menos en un clima de paz”. Estas deficiencias presupuestales se unen a la falta de capacitación, equipamiento y de dignidad de los funcionarios de seguridad, así como para los aplicadores de la ley.

El ‘efecto sandwich’

Considera que hay un ‘efecto sandwich’ en el que la ciudadanía queda en medio de las autoridades y de los grupos de la delincuencia organizada. “Pero además hay un problema más grave: se confunde el Estado con los criminales, es decir, como ciudadano fuera de las grandes ciudades, ya no se sabe dónde termina el Estado y donde empieza la mafia”.

Respecto a qué gana el crimen desapareciendo personas, explica que, al aliarse con el aparato gubernamental, obtiene impunidad. “Recordemos que con que la autoridad sea omisa al momento de no ejercer su rol, ya colabora de manera indirecta con el crimen organizado. Yo no creo que los policías o los ministerios públicos corruptos se sienten en una mesa como en El Padrino, sino que la propia dinámica corrupta y sucia de muchas autoridades, no todas, implícitamente genera beneficios para las mafias”.

Pero también parece que juega un papel importante la incapacidad de quienes deben impartir justicia. A inicios de marzo, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dio a conocer que algunos jueces piden algo tan extraordinario, como que sean los propios desaparecidos quienes acudan a ratificar la denuncia para que los puedan seguir buscando.

Entonces, los delincuentes ganan porque hay una eliminación de los enemigos, de testigos, de periodistas, de personas vinculadas a la resistencia civil, de defensores de derechos humanos, de líderes campesinos, y un largo etcétera. “El enramado de corrupción es espeluznante”.

¿Y las autoridades? Bueno, como deja ver el reportaje del Noroeste, éstas pueden presumir una baja en los homicidios y dar una falsa idea sobre la criminalidad. Pactado o no, gobierno y criminales sacan provecho.

Sobre qué hacer, puede sonar sencillo porque se trata de aplicar el marco normativo, pero que en el papel puede tardar unos 20 o 30 años para que esto se dé con eficacia; “luego, no sólo debemos ir capacitando a los ministerios públicos, sino que se debe redignificar la posición de los combatientes frente al crimen, terminar con la apología y encumbramiento del criminal sobre la humillación del funcionario público, y pagarles bien”.

También se debe hablar de un proceso pedagógico, pues “tienen que mejorar los centros de estudios donde se imparte el derecho, el problema es que tenemos miles de escuelas en el país donde se enseña derecho; entonces, salen abogados poco preparados, con pocos valores éticos, muy poco dignificados y que rápidamente se corrompen. Entonces, desde ahí también hay que meterle mano”.

La solución debe ser integral y multifactorial, “hay que atacar el problema por las vertientes familiar, educativa, cultural, legal, administrativa, económica, entre otras.

Ese es el gran reto que tiene no sólo México, sino prácticamente toda América Latina”, lo que denota una verdadera falta de voluntad política porque las autoridades no quieren hacer una inversión, por ejemplo, en un sistema penitenciario que “da poco y quita mucho”.