RECOMENDACIÓN POR VIOLACIONES GRAVES AL FISCAL GENERAL DE AGUASCALIENTES

Tortura a 14 de ellos.

Por tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual de personal de la entonces Procuraduría estatal.

Fuente: CNDH

Al acreditar que personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, así como en violencia sexual en agravio de tres víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves de derechos humanos al Fiscal General de esta entidad, Jesús Figueroa Ortega.

Tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria en nueve casos; a la seguridad e integridad personal por tortura en 14 de ellos; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en dos; a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad en 19, todas atribuibles a personal de la entonces Procuraduría estatal.

A partir de los 186 casos que investigó la CNDH, con independencia de la comisión o no de algún delito, en diversas ocasiones la Policia Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas, y pretendió justificar su detención para proceder a la investigación de los delitos que se les imputaban. En la puesta a disposición se asentaba que al circular por las calles, los agentes ministeriales aseguraban a la persona y las ponían a disposición del Ministerio Público, sin poner la hora y en otras señalaban que se encontraban en cumplimiento de una orden de localización y presentación, la cual no fue mostrada en ningún momento. Con este último requerimiento detenían a las personas sin invitarlas a presentarse al Ministerio Público para declarar voluntariamente.

En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, llamado “spa”, y allí eran atadas de manos y pies, les colocaban sobre una llanta para golpearlos y realizarles todo tipo de vejaciones; en otros casos las violaciones a derechos humanos ocurrieron mientras se encontraban en arraigo.  El personal de la instancia de procuración de justicia les amenazaba con dañar a sus familias para que aceptaran su participación en diversos ilícitos.

Las valoraciones médicas realizadas en diferentes hospitales y las Opiniones Médicas Especializadas para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, practicadas por expertos de la CNDH, acreditaron diversas afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas, que inclusive llevaron a una de ellas a intentar quitarse la vida; en tanto, los peritos médicos de esa Procuraduría emitían en sus dictámenes las lesiones que presentaban sin precisar las características ni la temporalidad de éstas, y en varias ocasiones referían que las personas detenidas estaban bien de salud.

Además, las víctimas permanecían incomunicadas, sin certeza de su situación jurídica y sin contacto con su familia y abogados; tres mujeres fueron sometidas a tortura y violencia sexual para declararse culpables de delitos e incluso, a una de ellas le obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial. Con base en el Protocolo de Estambul, en seis casos no se acreditaron tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Recomendación que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede ser consultada en www.cndh.org.mx