RECONOCER LA GRAVEDAD DE LA CORRUPCIÓN EN EL PAÍS, IMPACTA NEGATIVAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS

La corrupción debilita a las instituciones.

A pesar de los mecanismos jurídicos para combatirla.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó reconocer el problema que representa el tema en el país, para atenderlo y erradicarlo, por el impacto negativo que tiene en los derechos fundamentales y que con otros fenómenos integran los binomios de pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad, que representan los grandes desafíos para México en un Estado débil de Derecho.

Pese a contar con mecanismos jurídicos para eliminar la corrupción, persiste esa práctica en la sociedad mexicana que percibió un aumento entre 2016 a 2017. La corrupción debilita a las instituciones encargadas de velar por los intereses de las personas y del país, por lo cual se pronunció porque se complete el Sistema Nacional Anticorrupción y opere a la mayor brevedad de manera plena y eficaz. Por ello, es necesario que las prácticas de corrupción sean prevenidas y sancionadas de manera efectiva y real, en específico las que influyen de manera directa en la violación de derechos como a la salud, vivienda digna, seguridad social, alimentación nutritiva, sana y suficiente o a la educación, además de atender el impacto que causa a otros problemas como desigualdad, exclusión y pobreza.

La lucha contra la corrupción debe considerar el tipo de violaciones a derechos que se busca evitar; además, el contexto donde opera la relación entre corrupción y derechos humanos. Principalmente, en el diseño institucional, ya que el marco estructural de la corrupción se realiza mediante redes de criminalidad que funcionan cada vez con mayor complejidad. Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar con la Secretaria de la Función Pública, Areli Gómez González, en la conmemoración del Día por la Integridad, impulsado por esa instancia, en que puso de manifiesto que la corrupción se mantiene en segundo lugar de los problemas que más preocupan a la población, sólo después de la inseguridad y delincuencia.

La preocupación por acabar con la corrupción es tema compartido a nivel internacional, como lo evidencian los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y señaló que en el ámbito regional es medular considerar la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, firmada por México en Caracas, Venezuela, en marzo de 1996 y aprobada por el Senado el 30 de octubre de ese año, que establece prácticas como asistencia jurídica, cooperación técnica, extradición, confiscación y decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción para combatir dicho fenómeno.

Arely Gómez González coincidió con la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción completo, para consolidar un instrumento que garantice el adecuado uso de los recursos públicos, combatir fenómenos como la desigualdad y fortalecer la capacidad de los tres niveles de gobierno para proteger los derechos humanos.  La corrupción merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones, afecta el pleno goce de los derechos fundamentales, reduce la efectividad de los gobiernos para atender y resolver los problemas de la sociedad, es factor de discriminación y visibiliza la falta de compromiso de algunos servidores públicos con la legalidad.