SEIS DENUNCIAS PENALES CONTRA 235 PERSONAS Y 12 ADMINISTRATIVAS CONTRA 140

Derivadas de la recomendación 15VG/2018.

Todas de los servicios Públicos Federal y estatal.

Fuente: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó 6 denuncias penales contra 235 personas del servicio público y 12 administrativas contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, en ambos casos, derivadas de la Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala, y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 102 aparado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su ley. En la investigación de este caso, identificó irregularidades cometidas por personas servidoras públicas, contenidas en el documento recomendatorio, por lo que presentó las denuncias ante las autoridades facultadas para determinar la comisión de delitos y la responsabilidad administrativa de dichas personas, y en ese sentido este Organismo Constitucional Autónomo aportó la Recomendación y las evidencias que derivan de ella, para que las autoridades competentes desarrollen las actuaciones que legalmente les corresponden, y determinen lo que proceda conforme a derecho.

Las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto que las administrativas, por el incumplimiento de obligaciones de personas servidoras públicas en la investigación de los hechos de Iguala, señalados en la citada Recomendación, fueron presentadas 7 ante la Secretaría de la Función Pública, y 1 ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal;  órgano Interno de control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Contraloría Interna en la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero; Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. De las 235 personas servidoras públicas denunciadas penalmente, 116 servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación.

Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) “El Chereje”, en las inmediaciones del Río “San Juan” de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, que están detalladas en el Apartado 31 de dicha Recomendación. Asimismo, las 2 denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses “Costa Line” 2513 y “Estrella Roja” 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida Recomendación.

Un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— fueron denunciadas por participar en actos de Tortura, trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, Detención Arbitraria y otras Violaciones en los 65 casos en que este Organismo Constitucional Autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso, que están detalladas en el Apartado 32 de la Recomendación, y también a ellos se les denunció por en la vía administrativa.

De las 140 personas del servicio público denunciadas por faltas administrativas –131 del orden federal y 9 del estatal—, la autoridad competente determinará la responsabilidad de cada una. Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de 2 agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el “Puente del Chipote” y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos, aspectos que se describen en el Apartado 14 de la Recomendación. También se les denunció por incumplimiento de los Deberes del Régimen Disciplinario ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

La CNDH presentó, asimismo, denuncia administrativa contra personal adscrito a la entonces Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, dependiente en ese entonces del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, pues quedó establecido que de las 25 cámaras de vigilancia instaladas en el Municipio de Iguala solo funcionaban 4, lo que se reveló en el Apartado 16 de la Recomendación.