VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

10 mayo, 2018 0 Por Rene Davila
Combatir la corrupción, mecanismo contra adversarios políticos.

La lucha de corrupción en contra de los derechos humanos.

Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales ligadas a la corrupción.

Fuente: ONU-DH México

Discurso pronunciado el jueves 3 por Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ocasión de la Conferencia “Crímenes atroces y Corrupción: porque se necesita participación internacional en el sistema de justicia penal” y la presentación del informe “Corrupción que mata” de la la Open Society Initiative.

Relación entre violaciones de derechos humanos y la corrupción

El vínculo entre corrupción y violaciones de derechos humanos existe desde siglos. Sin embargo, en años recientes, la corrupción ha sido caracterizada crecientemente como un elemento que incide de forma negativa en el disfrute de los derechos humanos en su integralidad – civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como al derecho al desarrollo. Esta mirada es la que adoptó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su última resolución de 2017. Y si bien el vínculo tradicional entre corrupción y derechos humanos se ubica más en el área de derechos económicos, sociales y culturales – por ejemplo, cómo impacta la corrupción el goce del derecho a la salud – el informe de Open Society Justice Initiative ilustra, en los tremendos ejemplos de las masacres de Allende y Piedras Negras, cómo también las graves violaciones de derechos humanos (desapariciones, ejecuciones extrajudiciales) pueden estar íntimamente ligadas a la existencia de corrupción.

En ciertos casos, los actos de corrupción pueden causar y ser el origen de la violación de derechos humanos, como lo muestra este informe. Más aún, la corrupción no sólo debe ser concebida como factor de causalidad (directa o indirecta) de la vulneración de derechos humanos en casos individuales, sino también como un obstáculo estructural al ejercicio y goce de tales derechos. De hecho, la Suprema Corte de la India, en una resolución de 2012, señaló que la corrupción sistemática constituye una violación de derechos humanos per se.

Las consecuencias estructurales permean el funcionamiento del Estado a diferentes grados. Puede haber una corrupción sistemática que suponga un proceso de captura estatal, donde el Estado pierda la capacidad de tomar decisiones autónomas que busquen el bien común y es abiertamente cooptado ya sea por intereses económicos, por bandas criminales o por la propia clase política para obtener ventajas personales. El efecto es devastador para el Estado de derecho. El informe nos muestra como esto ocurrió en el Estado de Coahuila. También se puede mencionar el Estado de Veracruz durante el reciente gobierno de Javier Duarte: hoy se está investigando un caso muy importante y prometedor de 20 funcionarios públicos encabezados por el ex secretario de seguridad pública por haber cometido desapariciones forzadas… y al mismo tiempo, el propio ex gobernador está procesado por corrupción.

En México, el Estado tiene un llamado a reforzar las medidas legislativas y de política pública para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.

Fortalecer la independencia de los órganos de procuración y de administración de justicia es el primer paso en este sentido. Investigar crímenes como los descritos en este informe requiere de garantías de independencia judicial, de protección para aquellos que indagan las redes de complicidad extendidas. Un sistema nacional anti-corrupción sin posibilidad de que pueda operar una Fiscalía autónoma tiene pocas posibilidades de tener éxito.

Después de su visita en México en 2015, el Alto Comisionado Zeid Raad al-Hussein formuló 14 recomendaciones al Estado mexicano, publicadas junto con la respuesta del Estado en 2016. La primera de ellas es de crear un consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad (como lo menciona también el documento que se presenta). En su respuesta, el Estado mexicano se opuso a la participación de expertos internacionales en un tal consejo asesor; y finalmente, ni siquiera la idea de un consejo asesor estrictamente nacional prosperó.

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