ESTADÍSTICAS DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (9 DE DICIEMBRE)

14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó, algún acto de corrupción.

En 2017 la tasa de incidencia de corrupción, (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes).

Fuente: INEGI

Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno. La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público. Este documento se centra en la corrupción a pequeña escala debido a que es el tipo que la población experimenta con mayor frecuencia. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI ofrece información sobre las experiencias de corrupción que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental.

EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN

En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio. Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%. Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz. Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.

Si bien la prevalencia de corrupción sufrida por la población se ha incrementado en la mayoría de las entidades con relación al nivel registrado en 2013, Sonora, Guerrero y Aguascalientes fueron las entidades que presentaron un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción, mientras que siete entidades exhibieron mejoras. En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador. De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.

COSTO DIRECTO DE LA CORRUPCIÓN

Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017.  La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad. De las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común.
ACCIONES ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Las oficinas de control interno son las áreas de las dependencias del gobierno encargadas de vigilar la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos, así como de supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al desempeño de los servidores públicos. A través de estas oficinas, los ciudadanos pueden presentar quejas o querellas para denunciar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos. En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0. El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 10.3 quejas por cada cien servidores públicos, mientras que en Yucatán y Colima la razón fue de 0.1 quejas por cada cien empleados públicos.

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema. El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.  Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo, mientras que 15 estados lo habían implementado parcialmente.

PROGRAMAS Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL ESTATAL

En 2017, se identificaron 17 entidades que contaban con un plan o programa anticorrupción y nueve informaron que se encontraban en proceso de integración. Cabe mencionar que de las entidades que en 2016 manifestaron que estaban en proceso de integración de este plan o programa, Chiapas e Hidalgo concluyeron este proceso en 2017. Algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción. Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del estado de México con 19 trámites.

MECANISMOS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN

Las administraciones públicas municipales también han puesto en marcha planes y programas para disminuir y/o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa anticorrupción. En Baja California Sur y Querétaro se encontró el mayor porcentaje de municipios que tenía un plan o programa de este tipo, mientras que en 20 estados menos del 10% de los municipios contaban con un plan o programa anticorrupción. Es importante mencionar que en Baja California, Colima, Ciudad de México y Sinaloa se reportó que los municipios y alcaldías no contaban con un plan anticorrupción, porque estaban en proceso de integración o no disponían de información para responder sobre el tema. Asimismo, al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. En contraste, el estado de Oaxaca presentó la menor proporción de municipios con oficinas de control interno (9.5%).

Información completa en www.inegi.org.mx