LOS RETOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Siete de cada 10 armas provienen de EU.

Enorme demanda de EU de opioides naturales y sintéticos, en especial el fentanil.

Fuente: Ibero

Uno de los retos que debe asumir el próximo gobierno en materia de seguridad, es dignificar la labor de los policías y apostar por los operadores del sistema de justicia; que vaya acompañado de la construcción de posibilidades para los ciudadanos, una política de primera infancia y una esquema bien pensado de prevención situacional.

Así lo afirmó el pasado jueves 3, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, en la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, durante su exposición ‘Seguridad nacional’. El tema de seguridad es multifactorial, pues va desde políticas de prevención, contención, acción hasta las que tienen que ver con el diseño urbano y de tipo social. Además, la CNS debe tener control de su presupuesto y el control del nombramiento de su titular, agregó.

Factores interno y externos que afectan la seguridad

El incremento de violencia en México tiene que ver con factores internos y externos. “En los Estados democráticos de derecho, la seguridad no puede ser un fin en sí mismo. La seguridad es un medio para el ejercicio de las libertades”. El ejercicio de la tolerancia y el respeto en los contextos democráticos, implica que la seguridad sea un medio para ejercitar derechos, libertades. Para el actual proceso electoral, las fuerzas del Estado deben “ser capaces de lograr un contexto de relativa paz para ejercer esta libertad del sufragio”.

Entre los factores externos tenemos la enorme demanda de EU de opioides naturales y sintéticos, en especial el fentanil. En 2014, EU decide prohibir que los servicios médicos atiendan a adictos. “Tenemos adictos que necesitan la sustancia y eso genera una mayor demanda de la sustancia a través del Triángulo Dorado de México (Sinaloa-Durango-Guerrero y una mínima parte de Oaxaca), donde se cultiva la amapola, donde se extraen drogas”.

Los grandes productores de amapola son Afganistán, Mianmar y México. “El fentanilo llega por Asia a Manzanillo, Colima, por eso se incrementó la incidencia delictiva en ese estado”. Medio kilo de esta sustancia, al cruzar a los EU se traduce en medio millón de dólares.

“Se genera un mercado negro, nosotros somos ese mercado negro. ¿Cómo se regulan los mercados salvajes? Con violencia criminal aparejada a la disputa por los puntos fronterizos y los puertos”.

Ante otro de los factores que tiene que ver con la regulación del mercado de la amapola a nivel mundial, se propuso a la Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU, permitir a México el cultivo legal para el uso médico y científico de esta planta, pues de ella se extrae la morfina, usada en el sistema de salud de nuestro país, y que actualmente se compra a otros países.

Sin embargo, la ONU determinó que la entrada de nuestro país en la producción legal de amapola provocaría un desequilibrio en el mercado, una de las restricciones para permitir o no el cultivo, el desequilibrio era lo de menos, si se toma en cuenta que en México siguen muriendo personas por la violencia que genera el cultivo ilícito.

Un factor externo más tiene que ver con las negociaciones de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pues en Colombia se prohibió la fumigación de la hoja de coca, lo que provocó una enorme producción de cocaína. Gran cantidad se queda en México y otra se va a EU; mientras que los grandes cárteles de México, Pacífico y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), se disputan los puntos fronterizos, el cruce y la distribución de la droga, lo que provoca violencia.

Nosotros abastecemos el mercado de la Unión Americana y a cambio recibimos armas. De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT, por sus siglas en inglés), siete de cada 10 armas con las que se cometen homicidios en México provienen de Estados Unidos.

Hay que considerar lo laxo que se volvió el sistema de venta de drogas en EU. De 1994 a 2004 había requisitos para la compra de armas, pero a partir de este último año no se renovó la decisión y eso facilitó la compra-venta de armas de alto poder, mismas que han adquirido los cárteles del narcotráfico gracias a las ganancias por el tráfico de drogas.

Nuevo Sistema de Justicia Penal, su alcance

Uno de los factores internos que potencializan la violencia en nuestro país, es el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Es eficaz para los delitos de la cotidianidad pero muy poco para los de alto impacto. Con la reforma de 2008, se buscó que en ocho años el sistema se aplicara en todo el país, a policías, peritos, agentes del MP y jueces, sin embargo, primero se enseñó a los jueces a actuar cuando debieron comenzar por los policías.

Además, se abundó en lo teórico y no en lo práctico. Ante este panorama, es necesaria una recapacitación a los actores de este esquema. Otro factor está en las policías, sobre todo las municipales, que tienen salarios bajos.

Pero además, una de las razones por las que las policías no funcionan: el artículo 123 de la Constitución, Apartado B, fracción XIII, que se reforma en 1999 y después se consolida en 2008 en la reforma acusatoria, en él se establece que los policías pueden ser expulsados sin derecho a ser reinstalados, aun cuando hayan demostrado su inocencia o que están capacitados para ejercer su vocación. También aplica este artículo para agentes del ministerio público, peritos y otros actores del sistema de justicia.

Aunque a finales de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para permitir la reinstalación, aún debe pasar por el Senado y el resto de la ruta jurídica, para que la reforma sea un hecho. “A nuestros fiscales, peritos y policías se puede aplicar la ley retroactiva en perjuicio. Los franceses conocen esto como el fraude constitucional, es decir, utilizar el mecanismo de reforma planteado en la propia constitución para subvertir los fundamentos del Estado democrático”.

Reconceptualizar a la policía municipal

El eslabón más débil del sistema de seguridad en México es la policía municipal. De los más de 2 mil 400 municipios que hay en nuestro país, sólo mil 800 tienen fuerzas del orden, en muchos casos con salarios ínfimos y armamento obsoleto o sin él. “La idea sería reconceptualizar a la policía municipal, fortalecerla; lo que tendríamos que hacer (es abrir) cinco grandes academias con la licenciatura de ciencias policiales”.

La policía municipal o la de proximidad deberían estar vinculada a la justicia cívica o ciudadana, es decir, atender las faltas administrativas y las contravenciones a la norma; que faciliten la prevención de situaciones del delito. En este sentido, la Ley de Seguridad Interior apuesta por las policías, “que son la estructura democrática para enfrentar el delito. En la situación en la que nos encontrábamos, lo que pedían el Ejército y la Armada era regular su participación en lugares donde está afectada la supervivencia del Estado, en su definición clásica: territorio, gobierno y población”.

La Ley plantea el principio de gradualidad, es decir, recurrir primero a las instituciones policiales de la Federación y en último de los casos, actuar con el Ejército y la Marina. Sin embargo, es necesario una ‘seguridad sin adjetivos’, tratar este tema de forma universal, como un elemento fundamental del “ejercicio de la libertad”.